El pasado 12 de abril, un incendio estructural de gran magnitud consumió el asentamiento Álamos, en la comuna 7 de Ibagué. El siniestro dejó un saldo de 190 personas damnificadas, entre ellas 79 menores de edad, y destruyó un total de 94 viviendas. Ante la gravedad de los hechos, la administración local declaró el estado de calamidad pública para agilizar la entrega de ayudas.
Harold Wilches, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo municipal, entregó detalles sobre los avances para brindar una solución habitacional a las familias que, a día de hoy, sobreviven en cambuches improvisados o alojamientos temporales con vecinos.
Según el funcionario, se está brindando acompañamiento para que los afectados accedan a subsidios de autoconstrucción del Gobierno Nacional. Por su parte, la Alcaldía se comprometió a garantizar un lote para el desarrollo del proyecto.
“Hoy sostendremos una mesa de trabajo con el Ministerio de Vivienda para buscar alternativas. Actualmente, las familias permanecen en la zona del desastre; estamos trabajando para organizar un albergue temporal allí mismo, ya que, mediante una acción de tutela, un juez nos ordena proteger los derechos de los menores y no retirarlos de su entorno”, puntualizó Wilches.
Crisis humanitaria: obstáculos para la reubicación
A pesar de que la intención inicial de la Secretaría era trasladar a los damnificados a otra zona debido al riesgo del terreno, el funcionario admitió que dicho traslado no será posible por el momento.
“Estamos estructurando el Plan de Acción Específico (PAE). Por ley, tras declarar la calamidad, tenemos un mes para presentarlo e iniciar el alistamiento del predio, la instalación de baños, carpas y los servicios necesarios mientras se gestionan las viviendas definitivas”, concluyó el secretario.
Mientras los trámites administrativos avanzan, la comunidad afectada ha manifestado su angustia. Los damnificados denuncian que la vida en la calle ha comenzado a generar problemas de salud, especialmente en niños y adultos mayores, debido a las precarias condiciones de salubridad y la exposición a la intemperie.
La acción de tutela es un mecanismo constitucional diseñado para la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando estos resultan vulnerados o amenazados. En este caso, la tutela busca proteger el derecho a la vivienda digna, el mínimo vital y, prioritariamente, los derechos de los niños, que prevalecen sobre los demás. La orden del juez mencionada por el secretario Wilches es un "fallo de protección" que obliga a la administración a no desvincular a los menores de su entorno social y educativo.