La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, fue una de las voces más críticas en el encuentro entre mandatarios regionales y el Gobierno nacional, que se realizó en Bogotá con los ministros de Justicia, Andrés Idárraga, y del Interior, Armando Benedetti, luego de que se declararan en desobediencia frente al decreto de emergencia económica.
Según la funcionaria, la medida perjudica las finanzas y la autonomía regional para ejecutar obras e iniciativas.
Matiz explicó que la aplicación directa del decreto implicaría que el Tolima dejaría de recibir alrededor de $11.000 millones, cifra que a mediano y largo plazo podría aumentar a $52.000 millones.
Dadas las circunstancias, la gobernadora pidió que se excluyan las modificaciones previstas en la comercialización de licores y cigarrillos, por la afectación en las transferencias de la Fábrica de Licores al departamento, recursos que se destinan a salud.
"Las implicaciones que tiene este decreto 1474 en nuestros departamentos y en las rentas es inmenso. Estamos escuchando a la gente, a la industria, porque se nos vinieron encima los que están con la venta de licor y cigarrillos. La gente va a migrar a la compra de otros productos que tienen menos grados de licor y valen menos. ¿Dónde van a quedar las fábricas?", dijo Matiz.
Respecto a las cifras, Matiz citó ejemplos en los que señaló que los vinos podrían subir entre un 124% y 140%, mientras que los aguardientes y rones tendrían incrementos de entre el 94% y 105%, por lo que calificó su reclamo al gobierno central como justo.
"Esto no es una confrontación, no es una pelea con el Gobierno, es una defensa legítima de los recursos que tienen las entidades territoriales y en un Estado social de derecho. Tenemos que dialogar, concertar, reclamar, porque esto no puede entenderse como ninguna rebelión, ni confrontación con el gobierno nacional, es un derecho legítimo", puntualizó la gobernadora.