Una investigación disciplinaria por el manejo de obligaciones financieras en el municipio de Santa Isabel, norte del Tolima, puso bajo la lupa a la actual administración y también a exfuncionarios del gobierno anterior. El proceso fue abierto por la Procuraduría y vincula a la alcaldesa Diana Magaly Caro, a funcionarios de la Secretaría de Hacienda de este gobierno y a responsables de la administración del año 2023.
El caso gira alrededor de una serie de cuentas por pagar que superan los 1.200 millones de pesos, relacionadas con compromisos que quedaron pendientes desde la vigencia anterior. Entre esas obligaciones aparecen prestaciones sociales, honorarios de concejales, transferencias a la Personería, pagos a contratistas y deudas con proveedores, compromisos que, según la mandataria, quedaron registrados administrativamente pero sin el respaldo suficiente de recursos en las cuentas del municipio.
De acuerdo con la alcaldesa Caro, el proceso disciplinario no corresponde a pagos irregulares ni a un manejo indebido de recursos, sino a la necesidad de revisar cómo se dejaron registradas esas obligaciones al cierre del 2023. La mandataria explicó que cuando comenzó su administración encontró un panorama complejo: varias cuentas por pagar estaban formalmente reconocidas, pero el dinero para cubrirlas prácticamente no existía.
La situación, según relató, quedó evidenciada en los registros financieros del municipio. Allí aparecían compromisos por más de 570 millones de pesos sin respaldo presupuestal, mientras que en las cuentas disponibles solo se encontraban alrededor de 16 millones de pesos para responder por esas obligaciones.
“No es que hayan pagos irregulares”, aseguró la alcaldesa, quien explicó que el municipio ha venido cancelando esas deudas de manera gradual, dependiendo del flujo de recursos que ingresan a la administración local.
Y es que la situación financiera de Santa Isabel también tiene una explicación estructural. Se trata de un municipio de sexta categoría, lo que significa que su capacidad de recaudo es limitada y depende principalmente de impuestos como predial e industria y comercio, tributos que en poblaciones pequeñas suelen tener un comportamiento modesto en comparación con ciudades más grandes.
En ese contexto, la administración ha tenido que avanzar con una especie de equilibrio financiero permanente: atender las obligaciones actuales de funcionamiento del municipio —correspondientes a 2024 y 2025— mientras intenta ponerse al día con las deudas heredadas del año 2023.
Según explicó la mandataria, hasta el momento el municipio ha logrado cancelar cerca de 200 millones de pesos de esas obligaciones pendientes. La meta de la administración es continuar reduciendo ese monto durante el año, siempre dependiendo de cómo evolucione el recaudo de impuestos y el ingreso de recursos al municipio.
Mientras tanto, la apertura de la investigación disciplinaria pone el foco en lo que realmente ocurrió al cierre de la administración anterior. El proceso busca determinar si hubo fallas administrativas, negligencia o decisiones que pudieron comprometer la estabilidad financiera del municipio.
La alcaldesa Caro aseguró que recibe la investigación con tranquilidad y que su administración colaborará plenamente con los entes de control. “Los organismos de control hacen su trabajo”, señaló, al tiempo que expresó su confianza en que durante el proceso se podrá demostrar que su gobierno no ha actuado con negligencia ni omisión.
Por el contrario, sostuvo que la actual administración ha venido trabajando para organizar las finanzas municipales y responder con los recursos disponibles a compromisos que, según explicó, fueron heredados.
En municipios pequeños como Santa Isabel, situaciones como esta suelen convertirse en un verdadero desafío administrativo, pues la limitada capacidad fiscal obliga a los gobiernos locales a tomar decisiones financieras con mucho cuidado para evitar afectar la prestación de servicios o la ejecución de proyectos.
Por ahora, el caso entra en etapa de revisión disciplinaria y será la Procuraduría la que determine si existen o no responsabilidades administrativas en el manejo de estas cuentas por pagar.
Mientras avanza el proceso, la administración municipal insiste en que continuará trabajando para reducir la deuda heredada y estabilizar las finanzas del municipio, un reto que —según la alcaldesa— dependerá en gran medida de la capacidad de recaudo y del ingreso de recursos durante este año.