Los trabajadores de Asmet Salud EPS en el departamento del Tolima y el país se declararon en una situación crítica debido al incumplimiento en el pago de sus obligaciones laborales y la suspensión en la prestación de sus servicios médicos y de riesgos laborales. Según denunciaron voceros del sector, a pesar de tratarse de una entidad intervenida por el Gobierno Nacional, las respuestas institucionales brillan por su ausencia.
Sentimiento de soledad institucional y falta de garantías
Johana Hernández, coordinadora de Asmet Salud Tolima, señaló que, aunque al inicio de la actual administración nacional albergaban esperanzas de ser escuchados, hoy se sienten solos frente a una crisis que se agudiza con los días y que golpea con fuerza a departamentos como Risaralda, Quindío y Valle del Cauca.
“Nuevamente denunciamos la situación crítica que están atravesando los trabajadores de Asmet Salud EPS, una entidad intervenida por el gobierno nacional y aunque creíamos que con el nuevo gobierno seríamos escuchados lamentablemente en este punto nos sentimos solos, nos deben dos meses de salud y de ARL incluso a compañeros de departamentos como Risaralda, Quindío y Valle, los más afectados por el terremoto y a estas alturas no tienen acceso a los servicios de salud”, expresó Hernández.
Derechos de petición sin respuestas efectivas
Ante el panorama adverso, los colaboradores han acudido a los mecanismos legales e institucionales correspondientes, agotando las vías del diálogo sin obtener soluciones concretas de las carteras ministeriales.
“Hemos remitido derechos de petición al ministerio de trabajo, hemos tocado las puertas del ministerio de salud, pero esta situación ya llega a un punto que es insostenible y por eso queremos exponerla, para que nos ayuden a que el gobierno mire a los trabajadores de la salud porque es indignante que no tengamos acceso a enfermarnos, porque aunque somos colaboradores también hay personas que necesitan atención especializada”, agregó la coordinadora.
Protesta pacífica y llamado urgente al Gobierno
La falta de garantías básicas ha llevado a los empleados a alzar su voz a través de vías pacíficas para exigir la mirada de los entes gubernamentales hacia una EPS que abarca a más de 120 empleados en el Tolima, con presencia en 24 de los 47 municipios, cerca de 80 personas solo en Ibagué, y una cifra que asciende a los 1.500 trabajadores a nivel nacional.
“Estamos alzando la voz en forma de protesta pacífica en aras de que nos ayuden, pongan los ojos en esta EPS, nosotros somos más de 120 empleados en todo el Tolima, hacemos presencia en 24 municipios de los 47 que tiene el departamento y en Ibagué somos alrededor de 80 personas, 80 familias, sin mencionar los 1.500 trabajadores que sumamos a nivel nacional”, indicó.
Finalmente, los afectados recalcaron que la intervención estatal no los exime de derechos ni debe transferirles las cargas de administraciones pasadas, reiterando su compromiso ético con los usuarios a pesar de las adversidades: “El hecho de que la EPS esté intervenida no significa que nosotros tengamos que cargar con los errores de las administraciones pasadas y que hoy nos niegan el acceso a los servicios de salud, queremos dejar claro que seguimos velando por el bienestar de los usuarios, continuamos trabajando para brindar garantías a los afiliados pero necesitamos ser escuchados”, concluyó.
¿Cuál es el verdadero alcance de la intervención estatal en las EPS del país?
Mientras el Gobierno Nacional mantiene bajo su lupa la administración de distintas entidades prestadoras de salud en el territorio colombiano, la crisis interna de Asmet Salud deja en evidencia un vacío estructural, la falta de protección y garantías mínimas para el personal humano que sostiene la operación diaria, poniendo sobre la mesa el dilema de cómo velar por el bienestar de los afiliados cuando quienes deben garantizarlo carecen incluso del derecho fundamental a la salud.