Un panorama complejo enfrentan los trabajadores, proveedores y especialistas de la Clínica Tolima, en Ibagué. Las millonarias deudas de diversas EPS con la entidad ascienden a más de $27.000 millones, lo que ha impedido que la institución cumpla con sus obligaciones, incluyendo el pago de salarios desde hace aproximadamente dos meses.
Esta situación motivó a cerca de 300 colaboradores a protestar a las afueras de las instalaciones para exigir una respuesta de las autoridades competentes ante la crisis del sistema de salud a nivel nacional.
“Como Clínica Tolima, con 47 años en la región, nunca nos habíamos visto expuestos a una situación así. Nuestro personal ha trabajado incansablemente, pero los recursos que llegan de las EPS no alcanzan para cumplir con todas las obligaciones. A pesar de todo, seguimos prestando el servicio”, expresó Ginna Martínez, funcionaria afectada.
Cartera morosa e impacto en la nómina
Al respecto, Liliana Katerine Escobar, gerente de la Clínica Tolima, confirmó que la cartera morosa supera los $27.000 millones y señaló que los giros actuales son desproporcionadamente bajos en comparación con el volumen de servicios prestados. "Esto ha hecho que no podamos cumplir con las responsabilidades hacia empleados, proveedores y especialistas. Tenemos tres quincenas atrasadas: la del 28 de febrero, la del 15 de marzo y la del 31 de marzo", indicó la gerente.
Escobar añadió que recientemente recibieron un giro cercano a los $900 millones, monto que permitirá cancelar una quincena y la seguridad social; sin embargo, los recursos siguen siendo insuficientes para saldar el resto de las deudas. La gerente también explicó que el incremento de los costos operativos ha agravado la crisis, considerando que el 60% de la planta de personal devenga el sueldo básico.
Incremento de costos y continuidad del servicio
En ese sentido, la directiva manifestó que el aumento de recargos nocturnos, dominicales y horas extras para este 2026, sumado a la reducción de la jornada laboral, ha generado un impacto de cerca de $200 millones adicionales en los gastos mensuales. Esta coyuntura financiera ha puesto a prueba la capacidad operativa de la institución frente a las nuevas normativas laborales y el flujo de caja limitado por los retrasos en los pagos estatales.
Finalmente, la administración enfatizó que cerrar la clínica no es una opción y que, si bien se han tenido que suspender algunos servicios específicos debido a la falta de insumos o pagos a especialistas, la institución continuará atendiendo a sus pacientes como entidad privada de referencia para el Tolima y regiones aledañas.