Es preocupante el impacto que las actividades de minería ilegal han causado en los recursos naturales, toda vez que un reciente informe de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) evidenció que ya son cerca de 500 las hectáreas las que han sido arrasadas en el sur del departamento, lo que representa un daño incalculable en el medioambiente.
El impacto de la minería ilegal en el sur del Tolima
La autoridad ambiental en la región estableció que el uso de maquinaria amarilla y la explotación ilegal han destruido coberturas vegetales y zonas de bosque, así mismo han afectado fuentes hídricas y ha alterado drásticamente estos suelos.
Con relación al anterior informe técnico, realizado a principio del año en curso, hubo un incremento en más de 200 hectáreas, lo que da cuenta de una actividad que está desbordada pese a los controles de la fuerza pública.
"La Corporación actualizó su informe técnico y el análisis multitemporal con relación a las afectaciones ambientales de las actividades de minería ilícita en el sur del Tolima, específicamente en los municipios de Ataco y Chaparral. El resultado es el aumento de 259 hectáreas afectadas adicionales a las 232 del informe inicial, es decir que son 491 hectáreas afectadas", expresó Olga Lucía Alfonso, directora general de Cortolima.
Ríos contaminados
Desde la entidad ambiental enfatizaron que las consecuencias de estas intervenciones representan un daño de proporciones incalculables para la biodiversidad local, además que hay un impacto inmediato en las fuentes hídricas del sur de la región.
"Hay nuevas áreas afectadas en las quebradas Tulum y Guanábano, y el río Amoyá. Además de la que ya se había identificado en el rio Saldaña y el río Atá. Entre las coberturas afectadas el bosque ripario mixto, pastos arbolados, cultivos, afectaciones muy representativas y graves a los recursos naturales", puntualizó la directora general de Cortolima.
Cortolima señaló que ha participado en 17 acciones operativas realizadas en los últimos 12 meses con la fuerza pública, las fuerzas militares y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que derivaron en el cierre de actividades ilegales, así como la incautación e inutilización de maquinaria.