Una ofensiva contra la extracción ilícita de oro en el sur del Tolima dejó cifras que llaman la atención. La gobernadora Adriana Magali Matiz reveló detalles de un operativo que impacta directamente las finanzas de grupos armados ilegales y prende las alarmas sobre la magnitud de esta actividad clandestina.
Desde Ibagué, la mandataria entregó el balance de las acciones adelantadas en Ataco, donde las autoridades intervinieron varios puntos usados para la explotación ilegal de metales preciosos. Según explicó, esta operación no solo afecta la producción de oro ilegal, sino que también golpea las redes criminales que se lucran de este negocio.
¿Cuánto dinero movía la minería ilegal en Ataco, Tolima?
Las cifras evidencian la dimensión del problema. De acuerdo con la información oficial, estas estructuras tenían la capacidad de producir cerca de 24.000 gramos de oro al mes, lo que representaba ingresos ilegales cercanos a los $10.080 millones mensuales.
Además, la cadena logística de esta actividad ilícita generaba movimientos económicos por aproximadamente $7.750 millones, mientras que los grupos armados obtenían ganancias adicionales mediante cobros extorsivos, equivalentes al 15 % de la producción, es decir, más de $1.500 millones cada mes.
Estos números dejan ver que no se trata de hechos aislados, sino de una economía ilegal organizada que impacta la seguridad, el medio ambiente y la tranquilidad de las comunidades.
Operativo en Ataco: máquinas destruidas y golpe a grupos ilegales
En medio de la estrategia denominada “Por Ataco Verde Nuevo”, las autoridades lograron intervenir seis unidades de producción minera ilegal. Durante el procedimiento fueron destruidas 15 máquinas amarillas y cinco motores industriales, además de inmovilizar otras dos maquinarias que pretendían salir del municipio.
Según lo señalado por la gobernadora, esta acción representa un golpe directo contra el GAO-r Frente Ismael Ruiz, una de las estructuras que estaría detrás de estas actividades ilícitas.
La mandataria también fue enfática en rechazar cualquier intento de alterar el orden público durante estos operativos. Indicó que no se permitirán presiones contra la Fuerza Pública ni actos que busquen frenar las acciones institucionales.
En ese sentido, reiteró que el trabajo conjunto con la Policía y otras entidades continuará en diferentes zonas del departamento, con el objetivo de proteger los recursos naturales y garantizar la seguridad de la población.
Este resultado deja claro que la lucha contra la minería ilegal sigue siendo una prioridad en el Tolima, especialmente en territorios donde estas prácticas han venido afectando tanto el entorno como la estabilidad social.