En una operación conjunta y de alta precisión, las autoridades del Tolima lograron neutralizar un sofisticado enclave minero que servía como el principal motor financiero del frente Ismael Ruiz de las disidencias de las FARC. La intervención se llevó a cabo en zona rural de Chaparral, en límites con el municipio de Ataco, donde la explotación ilícita de yacimientos mineros venía causando un daño ambiental irreversible.
Maquinaria amarilla y logística fuera de combate
El despliegue operativo, que contó con la participación del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial y la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros, permitió la destrucción de maquinaria pesada utilizada para remover grandes extensiones de tierra. En el lugar fueron neutralizadas nueve unidades de extracción y se inutilizó un importante número de excavadoras.
"Allí se logra la neutralización de nuevos minerales de producción minera afectando y destruyendo 9 máquinas amarillas utilizadas para la explotación minera, de igual forma nueve clasificadoras, la neutralización de un motor Cummins y la neutralización de más de 16.000 galones de ACPM", informó el coronel Arnold Pérez, comandante de la Sexta Brigada del Ejército.
Millonaria afectación a las finanzas del GAO-r
Para las autoridades, este golpe representa un quiebre en la logística de las economías ilícitas que operan en el sur del departamento. Según las investigaciones, el complejo no solo contaba con una infraestructura costosa, sino que generaba dividendos criminales que permitían el fortalecimiento de la estructura armada ilegal.
"Este complejo de infraestructura tenía un valor aproximado de 2.900 millones de pesos y generaba un recaudo de más de 15.900 millones; esto a favor de las economías ilícitas de la estructura Ismael Ruiz de las Disidencias de las FARC", agregó el comandante Pérez.
Un desastre ambiental de larga duración
Por su parte, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, advirtió sobre las graves consecuencias ecológicas que deja esta actividad criminal en el territorio. Se estima que, debido al uso indiscriminado de químicos y la remoción de suelos, el ecosistema afectado podría tardar más de una década en recuperarse.
Con esta intervención, se evita que cerca de 27.000 gramos de oro mensuales sigan financiando el conflicto armado, reafirmando la ofensiva institucional por recuperar el control total del orden público en el sur del Tolima.