Un juez del Complejo Judicial de Paloquemao avaló los argumentos y el material probatorio presentados por la Fiscalía General de la Nación e impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en lugar de residencia a cinco presuntos integrantes de la autodenominada Primera Línea en Bogotá.
Se presume que estas personas participaron en actos de vandalismo y terrorismo durante protestas sociales que se registraron en la capital del país este año.
Los afectados con la medida son Andrés Felipe Rodríguez Cháves, alias Gato; Maura Valentina Díaz Flórez, alias Maura; Julián Andrés Moreno Otero, alias Flaco; Jhonatan Steven Cortés Aldana, alias Z-11; y Karina Yurley Cepeda Andrade, alias Karo.
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La investigación liderada por un fiscal de la Seccional Bogotá permitió establecer la presunta participación de los judicializados en al menos tres eventos perpetrados así:
• El 22 de julio de 2021 a las 11:30 pm. en la Avenida Ciudad de Cali con calle 139, donde alias Z-11 y alias Karo presuntamente lanzaron bombas incendiarias contra una patrulla de la Policía; además, habrían roto vidrios y pinchado las llantas del vehículo. El uniformado que conducía el automotor fue golpeado y amenazado de muerte. En el ataque también resultó afectado un taxi que fue estrellado por el vehículo oficial. Los daños causados alcanzaron los $39 millones.
• El pasado 31 de julio en el noroccidente de Bogotá, los hoy imputados al parecer retuvieron durante 30 minutos a 6 auxiliares de Policía, luego de notar que pertenecían a la fuerza pública, a pesar de que ellos estaban vestidos de civil. Las víctimas fueron agredidas física y verbalmente, así como torturadas. Los presuntos agresores además les habrían hurtado sus objetos de valor al igual que dinero en efectivo. Uno de los afectados recibió una incapacidad de 7 días por las lesiones sufridas.
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• El 9 de agosto último a la 1:30 de la tarde en la calle 102 con Avenida Suba, los cinco investigados al parecer ubicaron una barricada con troncos y llantas. Allí habrían destruido un bus del Sistema Integrado de Transporte Público. Los presuntos implicados rompieron el sistema de presurización de las puertas, los vidrios y la carrocería, y luego le prendieron fuego. Aparentemente, durante el hecho, amenazaron al conductor y a los pasajeros entre los que se encontraba una niña de 6 años. Los daños ocasionados alcanzaron los $761 millones de pesos.
Por lo anterior, el ente investigativo les imputó a los procesados —de acuerdo con su posible participación y rol— los delitos de secuestro, tortura, terrorismo, concierto para delinquir, violencia contra servidor público, daño en bien ajeno agravado y lanzamiento de objetos peligrosos