La Corte Constitucional le puso freno a una situación que, por años, venía generando preocupación en Ataco, sur del Tolima: la presencia de bares y discotecas en inmediaciones de un colegio. El alto tribunal ordenó tomar medidas urgentes para proteger a los estudiantes, y la Alcaldía ya anunció que acatará el fallo y reforzará los controles.
La decisión quedó consignada en la sentencia T-003 de 2026, en la que la Corte amparó los derechos fundamentales de los alumnos de la Institución Educativa Técnica Martín Pomala, sede Camilo Torres. El caso expuso un problema que no es menor: la convivencia entre entornos educativos y zonas de rumba, una mezcla que terminó afectando el bienestar de niños, niñas y adolescentes.
Todo comenzó con una acción de tutela presentada por la Personería Municipal, que encendió las alarmas sobre lo que estaba ocurriendo alrededor del plantel. Según se documentó, en la zona eran frecuentes las riñas, el ruido excesivo y el consumo de alcohol, situaciones que terminaban impactando directamente la tranquilidad de los estudiantes y el ambiente escolar.
La Corte fue clara: estos hechos vulneran derechos fundamentales y obligan a las autoridades locales a intervenir. En ese sentido, ordenó no solo acciones inmediatas, sino también la construcción de medidas estructurales que garanticen entornos escolares seguros y adecuados.
Frente a este panorama, el alcalde Héctor Fabio Muñoz Briñez aseguró que el municipio ya venía adelantando algunas acciones, pero reconoció que ahora deberán fortalecerse. “Vamos a cumplir el fallo”, señaló el mandatario, dejando claro que habrá ajustes en la regulación y mayor control sobre los establecimientos nocturnos.
Una de las medidas que más llama la atención es la expedición de un decreto que limita la venta de licor. Actualmente, en Ataco está prohibida la venta de bebidas alcohólicas hasta las 2 de la tarde en días hábiles, una decisión que busca reducir el impacto de estos establecimientos desde las primeras horas del día.
Aunque esta restricción aplica de lunes a viernes en todo el municipio, el foco principal está en zonas cercanas a instituciones educativas, donde la convivencia entre estudiantes y establecimientos de rumba ha generado mayores tensiones.
Sin embargo, el fallo de la Corte va mucho más allá de un decreto. La administración municipal deberá avanzar en la formulación de una normativa específica sobre uso del suelo, así como en la implementación de una política de calidad acústica que permita controlar el ruido en sectores sensibles.
Además, se deberán abrir espacios de diálogo con distintos actores: comerciantes, comunidad, autoridades y sector educativo. La idea es construir soluciones concertadas que permitan reducir conflictos sin afectar completamente la actividad económica, pero poniendo como prioridad la protección de los estudiantes.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión que se repite en muchos municipios del país: ¿hasta dónde deben llegar los límites de la rumba cuando hay colegios cerca? La Corte, en esta ocasión, dejó claro que los derechos de los menores están por encima de cualquier otra consideración.
Por ahora, en Ataco el mensaje es claro: habrá cambios. Y aunque algunos sectores podrían verse afectados por las nuevas medidas, lo cierto es que la prioridad será garantizar que los estudiantes tengan un entorno tranquilo, seguro y adecuado para su formación.
En medio de esta decisión, el reto para la administración será encontrar un equilibrio entre el control, la convivencia y la actividad económica. Pero con el fallo en firme, lo que viene ya no es una opción, sino una obligación: ordenar el territorio pensando primero en los estudiantes.